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A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR DE CIUDAD DE LA HABANA

Lic. Mirna Nides Domínguez, Lic. Disney Cabrera Zayas, Lic. Tania J. Manzanares Ayala y Lic. Abel Alejandro Solá López, abogados, a nombre y en representación de las siguientes organizaciones sociales y de masas de la República de Cuba, que integran a la casi totalidad de la población del país:

, abogados, a nombre y en representación de las siguientes organizaciones sociales y de masas de la República de Cuba, que integran a la casi totalidad de la población del país:

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (CTC), representada por el obrero y Licenciado en Ciencias Sociales Pedro Ross Leal, Secretario General de dicha organización;

, representada por el obrero y Licenciado en Ciencias Sociales , Secretario General de dicha organización;

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS (ANAP), representada por el campesino y Licenciado en Ciencias Sociales Orlando Lugo Fonte, Presidente de dicha organización;

, representada por el campesino y Licenciado en Ciencias Sociales , Presidente de dicha organización;

FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS (FMC), representada por la Ingeniera Química Vilma Lucila Espín Guillois, Presidenta de dicha organización;

, representada por la Ingeniera Química , Presidenta de dicha organización;

FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA (FEU), representada por el estudiante de Cuarto Año de la Licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana, Hassán Pérez Casabona, Presidente de dicha organización;

, representada por el estudiante de Cuarto Año de la Licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana, , Presidente de dicha organización;

FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA MEDIA (FEEM), representada por el alumno de Segundo Año del Instituto Politécnico de Electrónica "Eduardo García Delgado", Roberto Conde Silverio, Presidente de dicha organización;

, representada por el alumno de Segundo Año del Instituto Politécnico de Electrónica "Eduardo García Delgado", , Presidente de dicha organización;

ORGANIZACIÓN DE PIONEROS JOSÉ MARTÍ (OPJM), representada por la Licenciada en Comunicación Social Niurka Duménigo García, Presidenta de la Dirección Nacional de la organización;

, representada por la Licenciada en Comunicación Social , Presidenta de la Dirección Nacional de la organización;

COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR), representados por el Licenciado en Contabilidad Juan Contino Aslán, Coordinador Nacional de dicha organización; y

, representados por el Licenciado en Contabilidad , Coordinador Nacional de dicha organización; y

ASOCIACIÓN DE COMBATIENTES DE LA REVOLUCIÓN CUBANA (ACRC), representada por el Comandante de la Revolución Juan José Almeida Bosque, Presidente de dicha organización,

, representada por el Comandante de la Revolución , Presidente de dicha organización,

Ante el Tribunal comparecemos y como mejor proceda en derecho decimos:

Que venimos por medio del presente escrito a establecer Demanda en Proceso Ordinario sobre responsabilidad civil por Daños y Perjuicios derivados de actos ilícitos que han afectado al pueblo de Cuba durante todo el proceso histórico de la Revolución Cubana,

Contra:

El Gobierno de los Estados Unidos de América, con domicilio legal en la ciudad de Washington, D.C.

, con domicilio legal en la ciudad de Washington, D.C.

Esta demanda se formula sobre la base de los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Durante más de cuarenta años, el pueblo cubano ha estado sometido a una política brutal de hostilidad y agresiones de todo tipo por parte del Gobierno de Estados Unidos, cuyo propósito estratégico, incluso desde antes del triunfo de la Revolución Cubana el 1° de enero de 1959, no ha sido otro que la liquidación del proceso revolucionario en Cuba y la destrucción del sistema político, económico y social construido y desarrollado libremente por el pueblo cubano en pleno ejercicio de su soberanía y su derecho a la autodeterminación.

Durante más de cuarenta años, el pueblo cubano ha estado sometido a una política brutal de hostilidad y agresiones de todo tipo por parte del Gobierno de Estados Unidos, cuyo propósito estratégico, incluso desde antes del triunfo de la Revolución Cubana el 1° de enero de 1959, no ha sido otro que la liquidación del proceso revolucionario en Cuba y la destrucción del sistema político, económico y social construido y desarrollado libremente por el pueblo cubano en pleno ejercicio de su soberanía y su derecho a la autodeterminación.

Para ello el Gobierno de Estados Unidos—sus principales dirigentes en nueve sucesivas administraciones presidenciales, así como miembros de la rama legislativa, funcionarios y agentes oficiales u oficiosos de dicho Gobierno— ha recurrido a todo tipo de presiones políticas, intentos de aislamiento diplomático, acciones propagandísticas, aliento a la deserción y a la emigración ilegal, espionaje, guerra económica y agresiones físicas de diversa índole, incluidas la subversión, las acciones terroristas y de sabotaje, la guerra biológica, el fomento de bandas armadas, las infiltraciones e incursiones armadas contra nuestro territorio, la organización de cientos de planes de asesinato de los principales dirigentes de la Revolución, el hostigamiento militar, la amenaza de exterminio nuclear y hasta la agresión directa por un ejército mercenario.

Esta campaña de guerra sucia contra Cuba, que dura ya cuarenta años, y sus declarados propósitos de frustrar el camino independiente del país, están documentados en pruebas irrefutables reunidas a lo largo de los años por las autoridades y los órganos de defensa y seguridad cubanos, y confirmada de manera explícita por cientos de documentos secretos norteamericanos que han ido siendo desclasificados y publicados en Estados Unidos, algunos de los cuales se acompañan a la presente demanda. A manera de ejemplo, cabe mencionar el llamado "Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", elaborado por la CIA y aprobado por el Presidente Dwight Eisenhower el 17 de marzo de 1960, mediante el cual el entonces mandatario norteamericano autorizó personalmente las acciones emprendidas y los planes propuestos por la Agencia Central de Inteligencia para la guerra contra Cuba.

La guerra económica y las agresiones físicas de todo tipo ejecutadas o promovidas por el Gobierno de Estados Unidos a lo largo de cuatro décadas, además de haber costado miles de víctimas al pueblo cubano, han ocasionado enormes pérdidas materiales al país y a sus ciudadanos, así como sufrimientos y penas morales incalculables.

SEGUNDO: A lo largo de casi cuarenta años, las sucesivas administraciones del Gobierno de Estados Unidos han aplicado una política de sistemática agresión económica contra Cuba. Por su amplitud y persistencia, por el comprometimiento en ella de los más altos niveles de las instancias ejecutivas y legislativas de Estados Unidos, por la utilización de un vasto arsenal de instrumentos económicos y políticos convertidos en armas agresivas, por el carácter extraterritorial de sus disposiciones y su aplicación a terceros países, y por el objetivo estratégico no alcanzado de quebrar la resistencia del pueblo cubano, imponiéndole, por medio de la penuria, la escasez, la enfermedad y el hambre, el abandono del sistema socioeconómico y político que de manera libre y soberana adoptó con el triunfo de la Revolución Cubana, esa política de agresión económica no se limita a un simple embargo aplicable a las relaciones económicas bilaterales, sino que conforma una verdadera guerra económica.

A lo largo de casi cuarenta años, las sucesivas administraciones del Gobierno de Estados Unidos han aplicado una política de sistemática agresión económica contra Cuba. Por su amplitud y persistencia, por el comprometimiento en ella de los más altos niveles de las instancias ejecutivas y legislativas de Estados Unidos, por la utilización de un vasto arsenal de instrumentos económicos y políticos convertidos en armas agresivas, por el carácter extraterritorial de sus disposiciones y su aplicación a terceros países, y por el objetivo estratégico no alcanzado de quebrar la resistencia del pueblo cubano, imponiéndole, por medio de la penuria, la escasez, la enfermedad y el hambre, el abandono del sistema socioeconómico y político que de manera libre y soberana adoptó con el triunfo de la Revolución Cubana, esa política de agresión económica no se limita a un simple embargo aplicable a las relaciones económicas bilaterales, sino que conforma una verdadera guerra económica.

Esta guerra económica, conducida en tiempos de paz por el Gobierno de Estados Unidos, ha sido desde su inicio violadora del derecho internacional, y en los años de la presente década ha tenido una escalada que ha llegado al extremo de pretender conferir un carácter extraterritorial a las acciones de guerra, perjudicando los legítimos intereses económicos de terceros países, desconociendo las normas vigentes del derecho internacional y la legislación interna de numerosos países y provocando el creciente rechazo de la comunidad internacional.

La guerra económica ha utilizado como arma agresiva principal la aplicación de un bloqueo económico total en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que se pretende extender a los vínculos económicos de Cuba con cualquier otro país mediante el uso del poderío financiero, comercial y tecnológico de la economía más fuerte del planeta contra la pequeña economía cubana para provocar su colapso. Nunca en la historia de Estados Unidos se ha elaborado una madeja legal tan extensa de leyes, disposiciones, proclamas y reglamentos para tratar de asfixiar económicamente a un pequeño país con el cual Estados Unidos no está en guerra.

El bloqueo económico se aplica en violación no solo del derecho internacional y la soberanía nacional cubana, sino en brutal violación del derecho a la vida, el bienestar y el desarrollo de la población sin distinción de edad, sexo, raza, creencias religiosas, condición social o ideas políticas. El bloqueo ha provocado graves daños y perjuicios a la economía nacional y, al hacerlo, ha ocasionado muy sensibles y cuantiosos daños a la población cubana a lo largo de varias generaciones.

La naturaleza criminal del bloqueo es evidente en su enunciado mismo, pero lo es aún más en su larga ejecutoria por casi cuatro décadas de presiones, acoso, intimidación, chantaje y toda clase de acciones para tratar de rendir al pueblo cubano y asfixiar su Revolución.

Los mecanismos de aplicación y los propósitos declarados del bloqueo mantenido por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba permiten calificarlo como una acción genocida. Así lo ha proclamado la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, apoyada en sólidos fundamentos de hecho y de derecho internacional. Este genocidio sostenido, llevado a efecto por el Gobierno de Estados Unidos, constituye un intento de crimen masivo que todavía persiste a las puertas del nuevo milenio y que ese Gobierno trata incluso de agravar, para su propio descrédito y aislamiento, frente a la condena de todo ser humano sensible, el rechazo casi unánime de la comunidad internacional y el orgullo y la gloria del pueblo cubano, que ha sido capaz de resistirlo durante casi cuatro décadas.

La naturaleza genocida del bloqueo quedó de manifiesto una vez más el pasado mes de agosto, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos se negó a considerar la enmienda presentada por un miembro del Senado norteamericano en virtud de la cual se permitiría la venta a Cuba de alimentos y medicinas.